El objetivo de este curso es analizar algunos de los mecanismos jurídicos dirigidos a lograr la reparación o la compensación del daño a través de las diferentes opiniones, críticas y reflexiones de catedráticos y expertos de reconocido prestigio en la materia con el fin de abordar el funcionamiento, los problemas y los retos a los que tienen que hacer frente los actuales sistemas de responsabilidad civil.
Ana I. Mendoza Losana
Noviembre 2022
Resumen: Este documento responde a varias consultas motivadas por la aplicación del denominado “tope al gas” a contratos de suministro eléctrico a los que, en principio, no debería aplicarse por haberse celebrado antes del día 26 de abril de 2022.
¿Cuándo el cierre de páginas web sin autorización judicial es ilegal?
Mª del Sagrario Bermúdez Ballesteros
Noviembre 2022
Resumen: La sentencia dictada por el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), el 3 de octubre de 2022, se pronuncia sobre la legalidad del cierre administrativo unilateral (sin orden judicial) de páginas web. Concretamente, son dos las cuestiones que se enjuician: (i) Si resulta necesaria la autorización judicial cuando la Administración acuerda la interrupción del acceso a una web por los operadores de las redes de telecomunicaciones que prestan servicio en España ante la constatación de una actividad ilegal, en particular, la venta por medios telemáticos de medicamentos no autorizados para su comercialización en nuestro país. (ii) El alcance que, en su caso, debe tener la medida, atendiendo a la complejidad de los contenidos de la página web.
Transparencia de la cláusula suelo contratada a través de un asesor financiero
Alicia Agüero Ortiz
Noviembre 2022
Resumen: La STS de 2.2.2022 declara la transparencia de la cláusula suelo contratada por unos consumidores con la intermediación de un bróker hipotecario. Se aclara que la obligación de información de la entidad financiera alcanza a la información facilitada al bróker, no a los consumidores por cuya cuenta actúe.
Más tareas para las entidades de crédito: transparencia universal, imparcialidad y compliance
Encarna Cordero Lobato
Noviembre 2022
Resumen: La disposición final 3ª de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, ha modificado el régimen de actuación con la clientela contenido en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Aunque no se imponen obligaciones de transparencia e imparcialidad que sean desconocidas en nuestro entorno jurídico, ni se concretan las actuaciones que habrán de llevarse a cabo para alcanzar un grado de transparencia aceptable en la contratación con la clientela (que siguen remitidas a desarrollo reglamentario), la reforma tiene la virtualidad de establecer obligaciones de transparencia e imparcialidad con carácter general para todo tipo de actuación con la clientela en cualesquiera relaciones jurídicas, así como de imponer a las entidades de crédito la obligación de dotarse de sistemas, procedimientos y mecanismos de gobierno corporativo encaminados a lograr y verificar que se actúa protegiendo los intereses de la clientela, en los términos que establezca el desarrollo reglamentario de esta previsión.
Pascual Martínez Espín
Noviembre 2022
Resumen: El concepto de «vuelo con conexión directa» comprende una operación de transporte compuesta de varios vuelos que corresponden a distintos transportistas aéreos encargados de efectuarlos, cuando estos no estén vinculados por ninguna relación jurídica concreta, si esos vuelos han sido concertados por una agencia de viajes que ha facturado un precio total y ha emitido un billete único para dicha operación, de suerte que un pasajero que parta de un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro y sufra un gran retraso en la llegada al destino del último vuelo podrá invocar el derecho a la compensación establecido en el artículo 7 del citado Reglamento.
Pilar Domínguez Martínez
Noviembre 2022
Resumen: La Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre que modifica el Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, refuerza el castigo penal de las imprudencias viarias que produzcan muerte o lesiones relevantes en una persona, es decir las imprudencias que se cometan en la conducción de un vehículo a motor y que generen la muerte o lesiones relevantes en una persona, siempre que se cometan por una infracción grave de tráfico tienen que considerarse delito.
Cofinanciado por:
