Novedades CESCO

La justicia europea deja en mano de los tribunales nacionales la declaración de nulidad del IRPH en caso de falta de transparencia

Pascual Martínez Espín
Marzo 2020

Resumen: El art. 1.2 no impide el control de transparencia sobre la cláusula de IRPH Cajas. El juez nacional tendrá que determinar, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes, si la cláusula supera el control de transparencia, esto es, si el consumidor conocía las consecuencias jurídicas y económicas de la aplicación de tal índice en su hipoteca. Para ello, deberá comprobar si se explicaron los elementos necesarios del método de cálculo que resulte comprensible para el consumidor medio y si se mostró la evolución histórica del índice.

Archivado por caducidad un procedimiento sancionador en materia de consumo, ¿es posible iniciar uno nuevo si no ha finalizado el plazo de prescripción de la infracción?

María Zaballos Zurilla
Febrero 2020

Resumen: El presente estudio realiza un análisis de la legislación, doctrina, y resoluciones de nuestros Tribunales sobre la materia objeto de la consulta elevada a CESCO por el Servicio de la Agenda 2030 y Consumo de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En ella se plantea si archivado por caducidad un procedimiento sancionador de consumo, es posible iniciar un nuevo procedimiento sancionador basado en la misma supuesta infracción, si no ha finalizado el plazo de prescripción de las infracciones que prevé el artículo 150 de la Ley 3/2019 del Estatuto de las personas consumidoras de Castilla-La Mancha.

¿Cuándo es la aseguradora un “tercero obligado al pago” de la asistencia sanitaria pública recibida por su asegurado?

Mª Carmen González Carrasco
Febrero 2020

Resumen: Las entidades aseguradoras de asistencia sanitaria pueden resultar obligadas al pago de los gastos médicos causados al sistema sanitario público cuando se dé una de las circunstancias que permiten al paciente ser atendido por servicios ajenos al cuadro médico de la aseguradora, pero ello siempre y cuando no se trate de un supuesto de doble cobertura en el que el asegurado esté ejerciendo su libertad de elección basado en su condición de asegurado o beneficiario de la sanidad pública.

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