Novedades CESCO

¿Las respuestas evasivas en inglés a los requerimientos a la mercantil Booking, se pueden sancionar con base en los artículos 49.1 h) TRLGDCU y 5.1 del RD 1945/83?

María Zaballos Zurilla
Febrero 2019

Resumen: El presente informe da respuesta a una consulta planteada a CESCO en relación con la mercantil Booking. Se pregunta por la posibilidad de sanción a esta empresa con base en los artículos 49.1.h) del Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, y del artículo 5. 1 del RD 1945/83, que regula las infracciones y sanciones en defensa de consumidores y usuarios, en un supuesto de respuestas evasivas en inglés a los requerimientos planteados tras la reclamación del consumidor.

Un balón de oxígeno para el alquiler vacacional

Mª Carmen González Carrasco
Febrero 2019

Resumen: Desde que la Ley 4/2013 decidiera expulsar del ámbito de aplicación de la LAU a determinados arrendamientos para uso turístico o vacacional, la situación de las plataformas y de los propietarios de inmuebles destinados a ese tipo de alquiler no había hecho más que empeorar. Sin embargo, en las últimas semanas, dos decisiones, una parlamentaria y otra judicial, han dado un respiro a esta modalidad de arrendamiento temporal. A lo largo del trabajo se recorre el camino que ha conducido al alquiler vacacional al punto en el que ahora se encuentra, dando cuenta de las vicisitudes normativas y jurisprudenciales que permiten augurar un futuro favorable a esta modalidad de alojamiento temporal.

Nulidad de algunas cláusulas generales de transporte de la compañía aérea Volotea

Karolina Lyczkowska
Febrero 2019

Resumen: La sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Gijón de 8 enero 2019 declara abusivas varias cláusulas del condicionado general de la compañía aérea VOLOTEA a petición de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN). Entre ellas, se encuentran la cláusula que limita los casos de fuerza mayor, la que permite al transportista inspeccionar el equipaje del pasajero, la que permite denegar el embarque con documentos de identidad caducados y la cláusula de sumisión expresa.

No caben acciones colectivas de consumidores con fundamento en la Ley de Usura

Ángel Carrasco Perera
Febrero 2019

Resumen: He oído recientemente (pero no sé más) que una asociación de consumidores (no sé si constituida ad hoc o preexistente) ha demandado a un establecimiento financiero de crédito solicitando por medio de una acción colectiva la nulidad por usurarios de los intereses remuneratorios de sus tarjetas de crédito.

Algunos apuntes sobre las normas de conducta, requisitos de competencia y conocimientos, y servicios de asesoramiento en la LCCI

Alicia Agüero Ortiz
Febrero 2019

Resumen: A pesar de que la LCCI tiene como objetivo la transposición de la Directiva 2014/17, lo cierto es que se halla más preocupada por regular aspectos propios de la litigiosidad española en materia de préstamos hipotecarios. Por este motivo, como mostraremos en este artículo, la regulación prevista en materia de normas de conducta, requisitos de competencia y capacidad, y asesoramiento, es poco ambiciosa y, en algunos casos, inexistente, postergada a un desarrollo reglamentario futuro.

¿Puede ser limitada la justicia universal?

Lucía del Saz Domínguez
Febrero 2019

Resumen: El Tribunal Constitucional analiza en la presente resolución, con motivo de la interposición de un recurso de amparo, si la actual regulación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial implica una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho de acceso al proceso.

El TJUE aclara el contenido mínimo de la información precontractual sobre el derecho de desistimiento cuando el contrato se celebra a través de un medio de comunicación a distancia con espacio y tiempo limitados

Mª del Sagrario Bermúdez Ballesteros
Febrero 2019

Resumen: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado recientemente la Sentencia de 23 de enero de 2019, relativa a la interpretación y alcance que debe darse al art. 8.4 -en relación con el art. 6.1- de la Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre, respecto al contenido de la información que, con carácter previo a la celebración del contrato, el empresario debe proporcionar al consumidor cuando para la celebración del mismo se utilice una técnica de comunicación a distancia en la que el espacio y tiempo sean limitados.

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