Manuel Jesús Marín López
Noviembre 2020
Resumen: La STS 555/2020, de 26 de octubre, establece que, tras la nulidad de la cláusula de gastos incluida en el préstamo hipotecario, el prestatario tiene derecho a recuperar la totalidad de los gastos de gestoría abonados. En este trabajo se examinan las razones por las que, aunque esta solución es correcta, no lo son los argumentos utilizados por el Tribunal Supremo
El derecho al olvido digital: cuando el pasado se convierte en presente
Alba García Hernández
Noviembre 2020
Resumen: Cada vez es más común la publicación de contenido personal en el ámbito virtual, llegando, incluso, a quedar difuminada la barrera entre la identidad personal y aquella generada online. Este tipo de comportamiento en los usuarios ha desencadenado múltiples conflictos que han devenido como auténticas intromisiones en el ámbito privado. Es por este motivo que, con origen jurisprudencial, surge el derecho a ser olvidado en Internet.
Alquileres catalanes anti-Covid. Una antología de derecho malo
Ángel Carrasco Perera
Octubre 2020
Resumen: Comentario crítico del Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de Cataluña, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados.
Las restricciones provocan cancelaciones de bodas, ¿puede resolverse unilateralmente el contrato?
Lucía del Saz Domínguez
Octubre 2020
Resumen: El objeto de la consulta consiste en determinar si los consumidores que debido a las restricciones implantadas con motivo del COVID se ven obligados a cancelar su enlace y celebración pueden recuperar las cantidades entregadas.
La perniciosa realización del inmueble hipotecado para el pago de tres vencimientos del préstamo
José María Martín Faba
Noviembre 2020
Resumen: Se analizan, entre otras cosas, las consecuencias que tiene para el deudor la utilización del procedimiento previsto en el artículo 693.1 LEC, mediante el que se puede realizar el inmueble hipotecado para que el acreedor se cobre, como mínimo, tres cuotas vencidas y no satisfechas.
El prof. Manuel J. Marín López imparte el 5 de noviembre de 2020 la ponencia “Falta de conformidad del bien vendido y derechos del consumidor en las Directivas 2019/770 y 2019/771”, en el “Congreso Internacional sobre contratación en línea y protección del consumidor en el Mercado Único Digital”, organizado por el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Alicante.
La inscripción al Congreso es gratuita.
Programa del Congreso e inscripción en https://ddc.ua.es/es/documentos/programa-congreso-contratacion-en-linea.pdf
María Zaballos Zurilla
Octubre 2020
Resumen: La sentencia objeto del presente trabajo desestima el recurso de alzada interpuesto por un taller, concesionario de Fiat España, contra la resolución de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Ciudad Real, que le imponía una sanción de 500 euros por no haber atendido a los requerimientos de la Administración, que le instaban a instalar en el vehículo vendido una serie de elementos que formaban parte, según la publicidad, del equipamiento de serie del vehículo. El recurrente no respondió a los requerimientos, pero alega que esos elementos fueron instalados a gusto del consumidor reclamante. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, de 10 de marzo de 2020, desestima el recurso por considerar que la falta de respuesta a los requerimientos de la Administración constituye infracción de consumo.
¿Es lícito que el empresario realice grabaciones de voz a sus empleados sin su consentimiento?
Alba García Hernández
Octubre 2020
Resumen: Los conflictos en el entorno de trabajo son cada vez más comunes. Abundan en el momento actual las disparidades entre compañeros o incluso, estas desavenencias tienen lugar en sentido vertical entre los empleados y los superiores jerárquicos. Así, para tratar de probar la concurrencia de estas desagradables situaciones, la utilización de sistemas de control, como aquellos destinados a la videovigilancia o la grabación de sonido, se ha vuelto llamativamente recurrente en al ámbito laboral. Por ello, la Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado al respecto.
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