Novedades CESCO

Nulidad de la comisión por reclamación de posiciones deudoras por no responder a un servicio prestado al cliente y constituir, en última instancia, un gasto propio del acreedor

Blanca Pérez Soberón
Marzo 2017

Resumen: La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Álava ha declarado que es abusiva y por tanto nula la comisión por reclamación de posiciones deudoras inserta en las condiciones generales de la contratación impuestas por la entidad Kutxabank, por disponer una comisión por un servicio o gasto que no se presta al cliente, con infracción de los arts. 85.3, 85.6, 86, 87.5 y 89.3 de la LGDCU y el artículo 1.256 del Código Civil.

Cláusula suelo transparente por quedar probado que el consumidor tuvo un conocimiento de la misma: ¿existe alguna diferencia entre el control de transparencia y la evaluación del consentimiento?

Alicia Agüero Ortiz
Marzo 2017

Resumen: La STS de 9 de marzo de 2017, declaró que la cláusula suelo litigiosa superó el control de transparencia, con independencia de que superara o no todos los parámetros de transparencia fijados en la STS de 9 de mayo de 2013, pues lo verdaderamente relevante es que el consumidor conociera la existencia y alcance de la cláusula suelo. Este conocimiento del consumidor no se restringe a que se cumplan todos aquellos parámetros, pues “en cada caso pueden concurrir unas circunstancias propias cuya acreditación, en su conjunto, ponga de relieve con claridad el cumplimiento o incumplimiento de la exigencia de transparencia”. De esta forma, el TS sale de facto del plano de dicho control para introducirse en el terreno del error en el consentimiento.

Ejecución hipotecaria por cantidades vencidas: un absurdo en el statu quo del mercado inmobiliario

José María Martín Faba
Marzo 2017


Resumen: la AP de Valencia entiende que el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado provoca el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria instada “por el todo”, sin embargo, no impide, obviamente, que el ejecutante acuda al citado procedimiento solicitando solo las cuotas vencidas. Consecuentemente a juicio de la Audiencia no es requisito sine qua non para estimar el despacho de ejecución hipotecaria por los plazos vencidos que el título ejecutivo disponga de una cláusula de vencimiento anticipado.

En el ámbito de la UE la reserva de ciertas actuaciones a los notarios puede estar justificada por razones de interés general

Elisa Torralba
Marzo 2016

Resumen: El artículo 56 del TFUE (prohibición de las restricciones a la libre prestación de servicios) se opone a una normativa de un Estado miembro que reserva a los notarios la legitimación de las firmas que consten en los documentos necesarios para la creación o la transferencia de derechos reales inmobiliarios y excluye, por consiguiente, la posibilidad de que en ese Estado miembro se reconozca tal legitimación cuando la haya efectuado, con arreglo a su Derecho nacional, un abogado establecido en otro Estado miembro. No obstante, esta medida, cuando no es discriminatoria por razón de la nacionalidad, puede estar justificada por razones imperiosas de interés general.

Entrega de los premios a los mejores trabajos fin de grado en Derecho Privado


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Al acto de entrega de los premios a los mejores trabajos fin de grado en Derecho Privado, celebrado en Ciudad Real ayer, 14 de marzo, han asistido la vicerrectora de Cultura, Deportes y Extensión Universitaria, María Ángeles Zurilla, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, Juan José Rubio, el decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha y codirector del seminario de Derecho Notarial, Luis Fernández-Bravo, la codirectora de la misma actividad, Encarnación Cordero y la subdirectora del Centro de Estudios de Consumo, Ana I. Mendoza. 

El primer premio, dotado con 500 euros, diploma y publicación en la revista CESCO de Derecho de Consumo, ha sido para Lorena Parra Membrilla por su trabajo Responsabilidad civil derivada de la vulneración de los derechos de la personalidad en la red, defendido en la UCLM y calificado con matrícula de honor. Joaquina García Hernández, con su trabajo El animal de compañía como objeto jurídico especial. Su estudio específico en la comunidad de bienes, defendido en la Universidad de Murcia con matrícula de honor, ha conseguido el segundo premio, dotado con 300 euros, diploma y publicación del trabajo en la revista CESCO.

La acción para reclamar intereses pagados en virtud de una cláusula suelo está prescrita cuando han transcurrido cuatro años desde que el contrato hipotecario ha sido consumado y cancelado

Ángel Carrasco Perera
Marzo 2017

Resumen: El legislador, al instaurar el procedimiento del RDL 1/2017, da por supuesto que existe acuerdo sobre el alcance de la cosa juzgada de procesos previos y que los plazos de reclamación de la devolución siguen estando vigentes y no han prescrito, pero...¿qué acciones han prescrito?

Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles sometido al (derogado) régimen imperativo de la Ley 42/1998. “Indeterminación” del objeto y consecuencias de su nulidad

Mª Carmen González Carrasco
Marzo 2017

Resumen: La adquisición del derecho de aprovechamiento por turno de una suite en un período de tiempo indeterminado conocido como super red (semana indeterminada) y de las denominadas como flotantes (sobre apartamentos indeterminados) incurre en el defecto de indeterminación del objeto transmitido que la Ley 42/1998 sanciona con la nulidad del contrato. El efecto de dicha indeterminación es la restitución de las cantidades satisfechas limitado a la parte proporcional del tiempo que debía restar de vigencia teniendo en cuenta el disfrute ya realizado y la duración legal máxima del régimen, cincuenta años

La Ley 3/2017 de la Comunitat Valenciana, un nuevo brindis al sol en materia de pobreza energética

Ana I. Mendoza Losana
Marzo 2017

Resumen: Fundándose en sus competencias exclusivas sobre servicios sociales y defensa del consumidor y del usuario, la Comunidad Valenciana ha aprobado la Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana, en la que dice adoptar medidas contra la pobreza energética. Sin embargo, a la vista del contenido de la norma y de la forma genérica e imprecisa con la que se regulan esas pretendidas medidas, se concluye que se trata más de un catálogo programático de buenas intenciones que de auténticas normas jurídicas.

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