Novedades CESCO

La condición de consumidor en los contratos con doble finalidad (personal y empresarial). La STS de 5 de abril de 2017

Manuel Jesús Marín López
Abril 2017

Resumen: El TRLGDCU no regla si puede considerarse consumidor al que adquiere un bien para destinarlo a fines mixtos (personales y empresariales). La STS de 5 de abril de 2017, que es la primera sentencia del Tribunal Supremo que se ocupa de esta cuestión, establece que habrá que atender al fin predominante. En este trabajo se analiza la corrección de esta doctrina, teniendo en cuenta la jurisprudencia del TJUE y algunas Directivas europeas. 

Nulidad de la cláusula insertada por Telefónica en sus contratos con consumidores por la que un servicio gratuito pasa a ser oneroso, al considerarse una nueva contratación y no una modificación del contrato ya establecido

Mª  del Mar Garrido Gómez
Abril 2017

Resumen: Estudio de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en relación con el cambio, de gratuito a oneroso, de un servicio adicional que ofertaba Telefónica a sus clientes y en la que se exponen los motivos que llevan a  la declaración de este hecho como de abusivo al no quedar constancia de la aceptación inequívoca de los clientes de este servicio.

El Anteproyecto de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

Karolina Lyczkowska
Abril 2017

Resumen: El Anteproyecto de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario tiene como principal propósito transponer al Derecho español la Directiva UE 2014/17 sobre los contratos de crédito celebrados con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Este trabajo constituye un resumen del Anteproyecto (en su versión fechada a 17 de marzo 2017) que consta de 40 artículos, divididos en cuatro capítulos.

Las Fin-Tech despuntan como apuesta europea para modernizar la banca e implantar un mercado único de servicios financieros destinados a consumidores

Lourdes García Montoro
Abril 2017

Resumen: El recurso a las nuevas tecnologías como método innovador de prestación de servicios en el sector bancario es, desde hace ya unos años, la tónica predominante en la mayoría de entidades bancarias y EFCs. La Comisión Europea, consciente de esta realidad, ha querido aprovechar la coyuntura para promocionar el uso de las TIC y posibilitar la armonización del mercado de servicios financieros minoristas, de forma que, con independencia de su lugar de residencia, los ciudadanos europeos puedan adquirir de entidades sitas en cualquier Estado miembro productos financieros a un precio competitivo dentro de un mercado único de servicios financieros destinados a consumidores.

¿Puede la entidad de crédito cobrar al cliente por entregarle una copia de la factura de Notaría, Registro e IAJD?

Alicia Agüero Ortiz
Abril 2017

Resumen: La OMIC de Cartagena remite al CESCO una siguiente consulta relacionada con la reclamación de gastos de formalización de préstamos hipotecarios. En particular, a raíz de la práctica según la cual las entidades de crédito cobran una comisión a los clientes por entregarles una copia de las facturas de Notaría, Registro, IAJD, etc., se cuestiona: “¿puede la entidad bancaria cobrar (otra vez, aunque sean fotocopias) a los afectados una cantidad por la entrega de documentación relativa al préstamo hipotecario?”

Cuestión prejudicial sobre las cláusulas de vencimiento anticipado en las escrituras hipotecarias: ¿Abusivas? ¿Total o parcialmente? ¿Juicio declarativo o ejecución hipotecaria por proceso especial?

Lorena Parra Membrilla
Abril 2017

Resumen: A través del Auto de 8 de Febrero de 2017, el Tribunal Supremo formula una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con dos peticiones sobre las cláusulas predispuestas que prevén el vencimiento anticipado de un préstamo con garantía hipotecaria.

Recogida y traslado de cadáveres por mandato judicial: ¿está el consumidor obligado a abonar el precio de este servicio?

Manuel Jesús Marín López
Abril 2017

Resumen: En los casos de muerte violencia o con indicios de criminalidad, el juez ordenará la práctica de la autopsia (art. 343 LECrim). Para ello el cadáver tiene que ser recogido y trasladado al lugar idóneo para su práctica. ¿Quién debe abonar ese servicio de recogida y traslado del cadáver? ¿Los familiares del fallecido o la Administración de Justicia? La situación se complica cuando, como en el caso de la provincia de Albacete, ese servicio únicamente puede realizarlo una empresa funeraria, que es la que ha contratado con la Administración de Justicia la prestación de ese servicio en exclusiva.  

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