Manuel Jesús Marín López
Julio 2019
Resumen: La Ley 5/2019, de contratos de préstamo inmobiliario, regula la obligación de evaluar la solvencia del prestatario en los arts. 11 y 12. En este tercer trabajo sobre la materia se examina el procedimiento de evaluación de la solvencia en sentido estricto, y el informe final de evaluación de la solvencia que debe elaborar el prestamista.
17 de septiembre, próxima jornada de Consumo: "Manual para consumidores sobre la Ley 5/2019"
Desde la Sección de Consumo del Colegio de Abogados de Madrid se ha organizado, de manera conjunta con el Centro de Estudios de Consumo (CESCO) de la Universidad de Castilla-La Mancha, una jornada que se celebrará el próximo 17 de septiembre, en horario de 19:00 a 21:00 horas, y que tendrá lugar en el Salón de Actos del ICAM.
En ella se intentará dar respuesta, entre otros asuntos, a cuestiones como si la Ley 5/2019 es una ley de transparencia, y se abordarán temas relacionados con los préstamos inmobiliarios no hipotecarios al consumo; la información precontractual, contractual, notarial, postcontractual; el consumidor que se subroga en la hipoteca del promotor; o los gastos a cargo del consumidor o las hipotecas en divisa extranjera.
Para ello, en esta sesión, que estará moderada por la presidenta de la Sección organizadora Miryam Vivar, se contará con los siguientes ponentes especializados en la materia:
La sesión será gratuita hasta completar el aforo, previa inscripción a través de este enlace.
Alicia Agüero Ortiz
Julio 2019
Resumen: La RDGRN de 3 de junio de 2019 estima el recurso interpuesto contra la calificación negativa de un Registrador de la Propiedad respecto a una escritura de hipoteca unilateral que trasladaba a los consumidores-prestatarios la asunción de todos los gastos de formalización. Esencialmente, la RDGRN entiende suficientemente probado que existió negociación individual de la cláusula. Sin embargo, tanto los hechos como la fundamentación adolecen de incongruencias reseñables.
Manuel Jesús Marín López
Julio 2019
Resumen: La Ley 5/2019, de contratos de préstamo inmobiliario, regula la obligación de evaluar la solvencia del prestatario en los arts. 11 y 12. En este trabajo se examina la primera obligación que incumbe al prestamista, que es la de obtener la información económica-financiera del potencial prestatario necesaria para poder llevar a cabo, después, la evaluación de su solvencia. Se analizan fundamentalmente dos cuestiones: qué información (datos) debe conocer el prestamista, y los medios de que dispone para obtener esa información.
Ángel García Vidal
Julio 2019
Resumen: Nota a la STJUE de 12 de junio de 2019, Orange Polska, C 628/17, EU:C:2019:480, sobre práctica comercial agresiva (contraria a la Directiva 2005/29/CE).
¿Quién puede acceder a la Historia Clínica? Intereses en conflicto
Cristina Gil Membrado
Julio 2019
Resumen: La Historia Clínica recoge la información más sensible de la persona y sobre ella gravitan variados intereses en conflicto. Los derechos a la intimidad, a la protección de datos, a la salud, a la investigación, a la formación, a la tutela judicial efectiva, entre otros, imprimen un complejo equilibrio que limita el acceso por parte de médicos, residentes, estudiantes, otros profesionales sanitarios, investigadores y jueces. Ni siquiera el propio paciente está exento de límites.
Ángel Carrasco Perera y José María Martín Faba
Julio 2019
Resumen: Comentario de la SAP de Zaragoza (Sección 5ª), núm. 616/2018, de 13 septiembre (JUR 2019\139339), que trata una interesante cuestión relacionada con la devolución de intereses pagados en aplicación de una cláusula suelo cuando uno de los prestatarios es consumidor y el otro empresario.
La cuestión de inconstitucionalidad en la Ley de caza de Castilla-La Mancha
Álvaro López Pinar
Julio 2019
Resumen: La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 79/2019, de 5 de Junio de 2019 recoge que el titular de la infraestructura responde por daños agrícolas, forestales, o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad, motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas, o infraestructuras hidráulicas, siempre y cuando concurran los elementos previstos en el art. 32 LRJSP.
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