Ángel Carrasco Perera y José María Martín Faba
Julio 2019
Resumen: Comentario de la SAP de Zaragoza (Sección 5ª), núm. 616/2018, de 13 septiembre (JUR 2019\139339), que trata una interesante cuestión relacionada con la devolución de intereses pagados en aplicación de una cláusula suelo cuando uno de los prestatarios es consumidor y el otro empresario.
La cuestión de inconstitucionalidad en la Ley de caza de Castilla-La Mancha
Álvaro López Pinar
Julio 2019
Resumen: La Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 79/2019, de 5 de Junio de 2019 recoge que el titular de la infraestructura responde por daños agrícolas, forestales, o ganaderos producidos por especies cinegéticas provenientes de zonas de seguridad, motivadas por la existencia de autopistas, autovías, líneas férreas, o infraestructuras hidráulicas, siempre y cuando concurran los elementos previstos en el art. 32 LRJSP.
Consulta sobre la tramitación de una reclamación por cancelación de un vuelo intracomunitario
Lucía del Saz Domínguez
Julio 2019
Resumen: Esta consulta tiene por objeto principal determinar la eventual competencia de los tribunales españoles en un supuesto de cancelación de vuelo Italia-España.
Mª del Sagrario Bermúdez Ballesteros
Julio 2019
Resumen: El Centro de Estudios de Consumo (CESCO), recibe una consulta procedente del Servicio de Salud Pública y Consumo (Dirección Provincial Consejería de Sanidad, en Toledo) sobre la aplicación de La Ley 28/1998 de 13 de julio, de venta a plazos de bienes muebles, a un supuesto en el que se había adquirido un vestido de novia con aplazamiento del pago del precio. Lo importante de la consulta está en decidir si, en caso de aplicarse la anterior Ley sectorial al supuesto, la compradora tendría derecho a desistir del contrato de compraventa a plazos al amparo del régimen de dicha Ley.
Manuel Jesús Marín López
Julio 2019
Resumen: La Ley 5/2019, de contratos de préstamo inmobiliario, regula la obligación de evaluar la solvencia del prestatario en los arts. 11 y 12. En este trabajo se examina la primera obligación que incumbe al prestamista, que es la de obtener la información económica-financiera del potencial prestatario necesaria para poder llevar a cabo, después, la evaluación de su solvencia. Se analizan fundamentalmente dos cuestiones: qué información (datos) debe conocer el prestamista, y los medios de que dispone para obtener esa información.
Introducción a la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario
Ángel Carrasco Perera
Esta obra, dirigida por Ángel Carrasco es una aportación colectiva realizada por investigadores especializados del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Contiene un comentario sustancialmente completo de la ley más importante y compleja publicada en los últimos años en materia de consumidores y crédito hipotecario, la Ley 5/2019 de los contratos de crédito inmobiliario. Esta norma pretende transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y, además, regular aspectos que no están específicamente previstos en la Directiva con el propósito de reforzar “determinados aspectos del régimen jurídico de contratación hipotecaria y de su vida contractual”. Dada la estructura de la norma que se comenta, se realiza un análisis por materias, relativo al ámbito de aplicación, información precontractual, protocolos de transparencia, contratos vinculados, hipotecas multidivisa, vencimiento anticipado, intereses remuneratorios y de demora, régimen de reembolso anticipado, subrogaciones hipotecarias, fe pública notarial, contexto normativo de la transparencia, evaluación de solvencia, régimen de gastos hipotecarios y resolución de controversias.
María Zaballos Zurilla
Julio 2019
Resumen: El presente informe da respuesta a una consulta planteada a CESCO desde la Dirección Provincial de Toledo, de la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad: Si es posible iniciar procedimiento sancionador desde la Dirección Provincial, sin que la empresa reclamada haya sido requerida por este organismo, habiéndolo sido solo por la OMIC que le traslada la reclamación, o si, por el contrario, para iniciar dicho procedimiento sancionador, es preciso que la empresa haya sido requerida por la Dirección Provincial.
Manuel Jesús Marín López
Julio 2019
Resumen: La Ley 5/2019, de contratos de préstamo inmobiliario, regula la obligación de evaluar la solvencia del prestatario en los arts. 11 y 12. En este trabajo se examinan tres cuestiones concretas de esta obligación: quién está obligado a evaluar la solvencia, quién es el sujeto evaluado, y el momento de llevar a cabo la evaluación.
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