Novedades CESCO

Curso de Verano “Seguridad jurídica versus autonomía: otorgamiento de negocios jurídicos por personas con discapacidad en la nueva Ley 8/2021”

El curso se celebrará en Cuenca, los próximos días 1 y 2 de julio y podrá seguirse también a través de la plataforma Teams de Microsoft, previa inscripción a través de la web Cursos Web UCLM. El curso está organizado por el Centro de Estudios de Consumo de la UCLM (CESCO), en colaboración con el Ilustre Colegio Notarial de Castilla-La Mancha.

La inscripción se realizará a través del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Responsabilidad Social. Para facilitar la participación, el CESCO convoca BECAS (financiación completa de la matrícula), cuya información se podrá consultar en unos días en Actividades CESCO.

 

Nulidad de la cláusula de interés moratorio y responsabilidad por culpa in contrahendo

José María Martín Faba
Junio 2021

Resumen: Una parte de la base imponible del IAJD que debía abonar el prestatario por la escritura del préstamo hipotecario (hasta la entrada en vigor del RD-l 17/2018, de 17 de enero), vendría representada por los intereses de demora. En efecto, el IAJD se liquida sobre la cuantía a la que asciende la responsabilidad hipotecaria, que se integra por varios conceptos, entre los que está el interés moratorio. Pues bien, algunos prestatarios consumidores vienen alegando que como efecto de la nulidad de la cláusula de intereses de demora, la entidad de crédito debe abonarles la parte del IAJD que se corresponde con estos intereses. En esta nota se exponen las distintas posiciones de las AAPP ante dicha pretensión y se razona brevemente sobre cuál podría ser el fundamento jurídico adecuado para su estimación.

 

¿Pueden los inspectores de consumo no funcionarios seguir realizando labores de inspección, tras la Ley 3/2019 del Estatuto de las personas consumidoras de Castilla-La Mancha?

María Zaballos Zurilla
Junio 2021

Resumen: La consulta plantea la duda sobre si pueden las personas no funcionarias, sino contratadas con carácter laboral, desarrollar funciones inspectoras de consumo tras la vigencia de la Ley 3/2019, reguladora del Estatuto de las personas consumidoras de Castilla-La Mancha, que exige en su artículo 109. 2, el carácter de ser personal funcionario para poder desarrollar dichas labores. La duda planteada resulta del tenor de la disposición transitoria primera de la Ley 4/2011 del Estatuto Básico del Empleado Público de Castilla-La Mancha, que permite al personal laboral fijo, que a la entrada en vigor de la misma desempeñase labores de funcionario, poder seguir desempeñándolas. Plantea también si podrá dicho personal seguir acreditándose para realizarlas, tras la Ley 3/2019.

¡Atención delincuentes, la Ley Orgánica 7/2021 ya está aquí!

Alba García Hernández
Junio 2021

Resumen: Tras mucho tiempo de espera, por fin ha sido publicada la la Ley 7/2021. Con esta norma, se trata de lograr un propósito doble: por un lado, consolidar la cooperación entre países y organizaciones internacionales para la persecución de los delitos y, por otra parte, salvaguardar la tutela de los derechos de los interesados en materia de protección de datos.

Comienzan a dictarse sentencias sobre el reembolso de viajes cancelados a causa del COVID-19. ¿Fuerza Mayor COVID en origen o Fuerza Mayor COVID en destino?

Lucía del Saz Domínguez
Junio 2021

Resumen: El Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Castellón resuelve una solicitud de reembolso de las cantidades abonadas para un viaje combinado que fue cancelado a instancia de la consumidora “como consecuencia del estado de alarma decretado en marzo de 2020 a consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por COVID-19”.

Juntas de propietarios convocadas en tiempo de COVID. La difícil lectura del RD Ley 8/2021

Ángel Carrasco Perera
Mayo 2021

Resumen: Acabando el estado de alarma, el Gobierno dicta un nuevo RD Ley-Covid (arts. 2 y 3 RD Ley 8/2021) con objeto de regular las convocatorias de juntas de la LPH hasta 31 diciembre 2021. La norma ha llegado a hacerse mediática merced a su draconiano comienzo, con el que parece que se prohíben (“suspenden”) sin más las convocatorias de juntas hasta el año 2022. Cuesta imaginar que hayamos podido sobrevivir 14 meses de Covid sin disponer de norma especial y que ahora resulte “de extraordinaria y urgente necesidad” regular de alguna forma este extremo.

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